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¿ Qué implica la incapacidad legal ?


 


CAPACIDAD E INCAPACITACIÓN


 


El ordenamiento jurídico es claro y categórico: la persona, por su propia condición, goza de capacidad jurídica y, por ende, es sujeto de derechos y de obligaciones, y el ejercicio de estos derechos y obligaciones es pleno a partir de la mayoría de edad.


 


Por tanto, bajo esta premisa, toda persona goza de la capacidad para entender los actos que realiza (conocimiento) y de la capacidad de querer realizarlos (voluntad). El paso de los años no es óbice alguno para que una persona conserve total e íntegramente todos sus derechos y libertades.


 


Solo y excepcionalmente puede alterarse esta premisa si existe una sentencia judicial que expresamente declare a una persona en estado de incapacitación, es decir, si existe un proceso judicial (de incapacitación) y el juez considera probado que la persona no puede gobernarse por sí misma y que, por tanto, no goza de esa capacidad de entender y querer los actos que realiza.


 


Según la ley, este proceso judicial de incapacitación lo puede iniciar (i) el presunto incapaz; (ii) el cónyuge o pareja de hecho, (iii) los descendientes, (iv) ascendientes, (v) hermanos y en última instancia, (vi) el fiscal, siempre y cuando no existan los familiares anteriormente reseñados o, existiendo estos, no hubieran iniciado ellos el procedimiento.


 


El juez debe valorar en el proceso si se cumplen las causas legales de incapacitación o, lo que es lo mismo, si existe una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impida a la persona gobernarse por sí misma. Por tanto, debe quedar probado que: (i) existe esa enfermedad o deficiencia, (ii) que es de carácter persistente, es decir que no sea una situación transitoria o temporal, sino prolongada en el tiempo, (iii) que en cualquier caso impida a la persona actuar con conocimiento y voluntad en sus actos. De esta forma, en la fase probatoria del proceso judicial es necesario que el juez pueda realizar un examen de la persona, obtener el testimonio de los parientes más próximos y, sobre todo y principalmente, ordenar un dictamen pericial médico.


 


Finalmente, en la sentencia, el juez deberá considerar probado o no el estado de incapacitación, y en ella se establecerán los límites en la capacidad de obrar; por tanto, en función del grado de incapacitación, esta puede ser parcial o total. Asimismo deberá fijar los mecanismos legales de protección de la persona incapaz a través del nombramiento de un tutor (en aquellos casos en que la incapacidad sea total) o de un curador (en los casos de incapacitación parcial, donde la protección solo haya de extenderse a determinados actos de la persona).


 


Todo lo anterior no impide que si en un momento posterior sobrevienen circunstancias


nuevas que puedan modificar las que sustentaron la declaración de incapacitación, esta podría revisarse en un nuevo procedimiento judicial.


 


El proceso de incapacitación solo tiene y debe tener un único sentido: proteger en primer lugar a la persona y en segundo lugar su patrimonio, en aquellos casos en que por determinadas y excepcionales circunstancias tenga limitada su capacidad de ejercer directamente sus derechos. La incapacitación no se concibe como un proceso de exclusión, sino de protección.


 


Por desgracia, en nuestra sociedad hay casos ocasionales en que esta institución no goza del sentido y la interpretación que la norma impone, e incluso en ocasiones se antepone el beneficio de la protección del patrimonio familiar a la protección de la persona, hasta tal punto que si no existe patrimonio que proteger, no se genera interés en la institución. Todo ello comporta en ocasiones dos consecuencias: por un lado, situaciones de uso y abuso que los jueces vienen obligados a modular o rechazar y, por otro, falta de protección jurídica a la persona potencialmente incapaz si esta carece de un patrimonio que proteger, ya que no se inicia procedimiento alguno.


 


Frente a todo ello, este proceso se convierte hoy en día en una garantía para la persona y una vía legal para proteger sus derechos e intereses, una vía para evitar que una persona que ha perdido su capacidad de entender y querer los actos que realiza y sus consecuencias pueda tomar por sí misma o por influencia de terceros decisiones que le perjudiquen.


 


No obstante, limitar la capacidad de una persona es un asunto muy delicado y grave que requiere siempre de las máximas garantías. Por ello es deseable que en la medida que las circunstancias psicofísicas de la persona lo permitan, se prioricen siempre otras figuras o instituciones también de protección de la persona pero no limitativas, como es el caso de la institución de la asistencia del derecho civil catalán y, por tanto, restringir así la institución de la incapacitación únicamente a aquellos casos en que, por su especial gravedad y excepcionalidad, la persona haya perdido su facultad de gobernarse por sí misma y pueda encontrarse en situación de desamparo o indefensión.


 


 


Francisco Tomás Bellido. Abogado