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De dónde viene y adónde va nuestro sistema de pensiones


 En general, cuando hablamos del sistema de pensiones de nuestro país lo hacemos en relación con el sistema público, es decir, con las pensiones a cargo de la Seguridad Social. Con todo, este sistema está en el foco de atención de los poderes públicos desde hace años, no sólo de nuestro país sino de la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues porque el sistema público de pensiones, tal y como es en la actualidad, implica unos costes de mantenimiento cada vez más elevados.


El sistema actual de pensiones públicas: reparto intergeneracional


¿Por qué se dice que el sistema de pensiones se ajustará? Nuestras pensiones públicas se basan en un sistema de reparto. Esto quiere decir que el dinero de las pensiones que se pagan a nuestros jubilados, inválidos, viudas, etc., no provienen de las contribuciones que ellos mismos han ido haciendo en años pasados ​​sino que provienen de las contribuciones que pagan los trabajadores actualmente en activo. Por ello se hace indispensable que haya en cada momento una relación adecuada entre número de cotizantes y número de pensionistas.


Mientras que años atrás no representaba un problema reunir suficientes cotizaciones entre los trabajadores activos (relativamente muchos) para poder pagar las pensiones de los jubilados (relativamente pocos), en los últimos años diferentes variables económicas y demográficas están haciendo que el sistema se tambalee.



  • Para empezar, la esperanza de vida de los pensionistas ha ido mejorando significativamente en los últimos años. Si la esperanza de vida a los 65 años era, en 2000, de hasta 81,7 años para los hombres y hasta los 85,6 años para las mujeres, actualmente ya son casi dos años más. Y esta tendencia no parece que vaya a cambiar, ya que, según las previsiones de los demógrafos, la longevidad continuará mejorando indefinidamente. Por ejemplo, un hombre que tenga 65 años en el año 2020, aún esperará vivir de media hasta los 84,7 años, y hasta los 88,5 años si se trata de una mujer. ¡Y en 2050 todavía se añadirán cuatro años más a la esperanza de vida!

  • La natalidad va cayendo. Las parejas cada vez esperan más para tener su primer hijo, y, al mismo tiempo, el número de hijos también va disminuyendo.

  • La crisis económica afecta al sistema por diferentes vías. La primera, que se vive con mucha crudeza en nuestro país, es que los jóvenes tardan más en incorporarse al mundo laboral. La segunda es el efecto de más paro, lo que conlleva que se recaude menos en concepto de cotizaciones. Finalmente, se produce un mayor número de prejubilaciones. Ni que decir tiene que factores económicos y demográficos van de la mano: a más paro entre los jóvenes, más complicado se hace llevar a cabo el proyecto de fundar familias y tener descendencia.

  • Y no se debe perder de vista el efecto de la inmigración. En nuestro país, netamente receptor de inmigración hasta ahora, parece que la emigración vuelve a ganar posiciones. En términos de equilibrios financieros, de tener un flujo constante de nuevos cotizantes estamos pasando a perderlos, con el agravante de que muchos de nuestros emigrantes se llevan un capital formativo muy importante (escuelas y universidades) que pasará a crear valor en otros lugares del mundo.


Aunque los problemas financieros del modelo ya se habían previsto muchos años atrás, no fue hasta el comienzo de los años 2000 cuando se inició el llamado "Fondo de Reserva" de la Seguridad Social, una especie de "hucha" para atender las necesidades futuras y que se debía constituir con los excedentes de cotización de los años buenos. En 2011 este fondo alcanzó un nivel máximo de casi 67.000 millones de euros, pero en 2012 y 2013 se han tenido que retirar más fondos que los propios rendimientos de las inversiones, de ahí que su volumen total esté yendo a la baja.


En este punto, cabe recordar el papel extraordinario que ha tenido la gente mayor de nuestro país en el marco de la crisis económica reciente: familias jóvenes enteras han encontrado el apoyo no sólo laboral y emocional de los abuelos sino también de su pensión como principal recurso financiero.


Las medidas de reforma del sistema


Con el diagnóstico de los problemas sobre la mesa, en 2011 se aprobó una ley de modificación del sistema de pensiones con algunas medidas muy importantes orientadas a reequilibrar la relación entre cotizaciones y prestaciones del sistema. Las más relevantes:


- Retraso progresivo de la edad de jubilación, de forma que esta se irá incrementando cada año, poco a poco, hasta alcanzar los 67 años en 2027. Además, se desincentivan las prejubilaciones, utilizadas con creces en las regulaciones de empleo de grandes empresas.


- Refuerzo de la capacidad contributiva del sistema, de manera que haya una relación más directa entre las prestaciones que haya de recibir un jubilado y las aportaciones al sistema que él mismo haya hecho a lo largo de su vida laboral. La medida más general orientada a lograr este objetivo es el incremento del cómputo de años cotizados. Antes de la reforma, el importe de la pensión que se recibía como jubilado venía determinado por las cotizaciones efectuadas los 15 años anteriores a la jubilación, y no importaba lo que hubiera cotizado previamente; la reforma incrementa progresivamente este plazo hasta los 25 años.


- Incorporación del factor de sostenibilidad. En la ley de 2011 era poco más que una intención algo difusa repercutir el efecto del incremento de la esperanza de vida en la cuantía de las pensiones. Además, no se preveía su aplicación hasta a partir de 2027.


 


Sin embargo, debido al empeoramiento de la situación económica y a las necesidades de financiación externa de España, el gobierno ha impulsado la regulación legal del factor de sostenibilidad a través de una nueva ley que, precisamente en el momento de escribir estas líneas, acaba de pasar su trámite en el Senado y que previsiblemente será de aplicación en 2014. Es la Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones.


 Los cambios inminentes


Con esta última modificación legal, en 2019 tendrá lugar por primera vez el ajuste de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. El incremento de la esperanza de vida se trasladará matemáticamente a reducir las pensiones que se empiecen a percibir a partir de 2019. Posteriormente, cada cinco años se hará un nuevo ajuste, de manera que se mantenga el equilibrio en la relación entre las pensiones que previsiblemente percibirá cada nuevo jubilado (cada vez durante más tiempo, por el efecto del incremento de la esperanza de vida) y las cotizaciones pagadas en la etapa laboral. El factor de sostenibilidad se aplicará sólo a las "nuevas" pensiones y no afectará a las pensiones que ya se estén cobrando.


En cambio, las pensiones que ya se encuentran en curso sí que repercutirán a efectos del nuevo sistema de revalorización que se aplicará por primera vez el próximo año. Hasta ahora, las pensiones tenían garantizado por ley el mantenimiento de su poder adquisitivo, ya que su revalorización anual obedecía a la evolución del índice de precios al consumo.


Con la nueva ley, las revalorizaciones se moverán entre un mínimo del 0,25 % en los años malos y un máximo equivalente a la evolución del IPC más un 0,50% en los años buenos. Es decir, en este punto la nueva normativa sí que afectará tanto a las pensiones futuras como a las actuales. No se contempla la congelación de las pensiones, pero sí se establece la posibilidad de incrementos que podrían quedar muy mermados según cual fuera en el futuro la evolución del incremento del nivel general de precios.


El papel de las pensiones complementarias: el sistema de los tres pilares


Detrás de las modificaciones legales del sistema público de pensiones, hay una determinada visión del sistema privado de pensiones, compartido en diferente medida por los países de nuestro entorno. Es el llamado "sistema de los tres pilares". Según esta concepción, el sistema debería obedecer a un triple origen de nuestras pensiones:


- Nivel universal: corresponde a un nivel mínimo de pensiones públicas que deberían quedar garantizadas por el Estado al conjunto de la población y que deberían basarse en el sistema de reparto intergeneracional.


- Nivel ocupacional: son las pensiones que se obtienen por la capitalización de las aportaciones realizadas por las empresas para sus trabajadores como retribuciones a largo plazo. Podría decirse que una parte del sueldo quedaría automáticamente reservado para la jubilación. En este apartado, se incluirían los planes de pensiones de empleo privados o instrumentos similares.


- Nivel individual: los complementos privados de las pensiones, obtenidos por cada persona como fruto de su ahorro a lo largo de la vida laboral. Podríamos estar hablando de planes de pensiones individuales, pero también de cualquier instrumento apto para el ahorro que permita una liquidación ordenada, por ejemplo, en forma de renta a partir de la edad de jubilación.


A modo de conclusión, sólo quisiéramos señalar la trascendencia del problema descrito, ya que más allá de los diagnósticos concretos o de las soluciones planteadas, afecta a las expectativas de futuro de la población y, por tanto, implica incertidumbres que se deben afrontar necesariamente con unos mínimos de serenidad, individual y colectiva.


 


Ferran Gonzalvo Martí. Economista y actuario de seguros