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El mobbing o acoso inmobiliario no es un problema nuevo en nuestra ciudad, pero, a raíz del estallido de la crisis, está afectando a todos los sectores de población, lo que incluye a las personas mayores que, por su condición, se encuentran en una situación de total vulnerabilidad e indefensión.


Los casos de acoso se producen sobre personas que pagan alquileres de renta antigua y que, un buen día, se encuentran con que el edificio en el que viven, normalmente ubicado en un barrio céntrico, ha sido adquirido por un fondo especulativo, la banca o alguien que prevé hacer el negocio de su vida. La idea consiste en echar al vecindario –«bichos», en su jerga– a fin de reformar el edificio y venderlo con una ganancia del 100% al 200% de la inversión inicial en poco más de dos años. No existe otro negocio que dé tal rentabilidad.


Para ello, los propietarios del edificio se valen de sistemas expeditivos, como no realizar ninguna reparación en la finca o pagar a bandas de individuos para que ocasionen suciedad, delincuencia y ruidos; en muchos casos, devuelven el recibo del alquiler e inician un desahucio, sin ninguna clase de contemplaciones y a consecuencia del cual las personas se encuentran, repentinamente, en la calle. Hasta hace poco tiempo, todas las administraciones guardaban silencio y no movían pieza. Actualmente, existe una oficina antiacoso del Ayuntamiento de Barcelona, ​​creada por el actual gobierno municipal, que ha empezado a poner un poco de orden en esta cuestión. Así pues, con la ayuda de los controles de las oficinas de vivienda, se interviene, aunque, desde el punto de vista de nuestra entidad, la Asociación 500×20 por el alquiler público y asequible, en muchas ocasiones eso sucede demasiado tarde y se actúa con lentitud y de un modo insuficiente.


Tenemos conocimiento de que, en el barrio del Poble-sec, el techo de la vivienda de una persona anciana de 90 años se vino abajo: afortunadamente, no le pasó nada, pero el fondo especulativo que había comprado el edificio se negó a realizar reparación alguna. Se dan también casos de personas que han avalado a sus hijos a través de un crédito hipotecario y, en el momento en que no han podido hacer frente al pago, el banco se ha quedado la vivienda. Utilizando las mismas formas, al regresar a su casa esas personas se han encontrado con que un cerrajero enviado por el banco ha cambiado la cerradura de la puerta, para echarlas, como ha ocurrido en Sant Andreu.


¿Qué podemos hacer frente a esta situación?: exigir que la Administración –es decir, ayuntamientos y servicios sociales– actúe con celeridad y que no se limite a buscar una residencia donde ingresar a esa persona mayor que está siendo acosada, que realice los trámites de un modo más ágil para multar el propietario –tanto si es grande o como si es pequeño–, que exija las reformas necesarias y que llegue a la expropiación si se da un caso claro de inoperancia en la finca afectada.


Pero debemos ser conscientes de que este es un problema social de primera magnitud en el salvaje sistema en que vivimos y en el que no importan las personas –y menos aún si son mayores–, porque, para el sistema económico neoliberal de nuestro país o europeo, representan un gasto evitable en la máquina de generación de beneficios empresariales y financieros.


Desde la Asociación 500×20, esperamos que todo el mundo lleve a cabo las acciones oportunas para acabar con esta cruel lacra que ya roza el genocidio por edad.


 


Silvia Giménez Mayol
Asociación 500×20